La deuda pendiente de Oceana Gold con el Estado Salvadoreño

27 Jun 2017 Redacción Vanguardia

Aunque el CIADI ordenó que Oceana Gold pagara a El Salvador 8 millones de dólares el pasado marzo, luego de siete años de arbitraje, la empresa aún no ha entregado dicha cifra al país. Ejecutivos de la transnacional señalan que aún se está trabajando para pagar dicha deuda y lograr una salida “pacífica” y definitiva del país.

Redacción Vanguardia El Salvador

Fotografía: Archivo/Referencia

En El Salvador, la minería metálica ha sido prohibida y sacada del territorio Sin embargo, la última empresa que intentó realizar operaciones extractivas en el país, Oceana Gold (antes Pacific Rim) aún no ha pagado al gobierno salvadoreño una deuda de 8 millones de dólares, que le fue impuesta por el CIADI, tribunal relativo a inversiones del Banco Mundial, después de un arbitraje de siete años en que la empresa y el país estuvieron enfrascados.

Oceana Gold demandó al Estado de El Salvador por 301 millones de dólares inicialmente, cuando a la empresa se le negó el permiso de explotación, luego de haber realizado exploración minera. No obstante, la empresa perdió el arbitraje y el tribunal internacional ordenó que Oceana Gold pague a nuestro país 8 millones de dólares, a finales de marzo de este año. Una cifra que, sin embargo, no cubre los gastos en que el país incurrió para defenderse ante el tribunal internacional y que aún no ha sido pagada.

Precisamente sobre este tema, la activista norteamericana Kate Klein increpó al CEO de Oceana Gold, Mick Wilkes. Dicho diálogo se llevó a cabo en la Asamblea General Anual de Accionistas de la empresa, realizada el pasado 23 de junio en Toronto, Canadá. Klein consultó en primer lugar si la empresa tiene pensado pagar la deuda de 8 millones al Estado Salvadoreño, a lo que Wilkes respondió que “Están comprometidos a pagar esos 8 millones de dólares”

El CEO de Oceana Gold hizo hincapié en que en el país se “Trabajó con las comunidades”, no obstante esto no bastó para reducir los efectos evidentes de la exploración y explotación minera, evidentes en otras zonas del país como San Sebastián. La empresa defiende su trabajo local (por ejemplo, a través de los programas asistencialistas de Fundación El Dorado”) pero señala el respeto al laudo arbitral “Con respecto a el Salvador, se puso una enorme cantidad de esfuerzo en las comunidades locales allí, el compromiso con ellos y lo hicimos a pesar de algunos comentarios de usted y otras personas. Disfrutamos de un amplio apoyo de las comunidades locales en El Salvador. A pesar de eso, la decisión del arbitraje fue dictada, respetamos la decisión del árbitro, y respetamos la decisión del gobierno de poner una prohibición a la minería en el lugar” expresó Wilkes. 

Además, Wilkes añadió que se está mediando con el país para tener una salida pacífica del país: “(Estamos ahora) en la discusión con el gobierno para tener una salida pacífica y respetuosa del país. Si usted fuera a mirar a nuestros estados financieros, verá que nos hemos comprometido a pagar los ocho millones de dólares. Así que esa es nuestra posición.” En relación a este tema, otros activistas antiminería también señalaron que la empresa tiene la capacidad financiera para haber saldado la deuda desde hace tiempo: “"OceanaGold registró más de  $130 millones en dividendos de sus operaciones globales en 2016 y tiene todos los medios para liquidar rápidamente su deuda y despejar el proyecto El Dorado de su lista pero - misteriosamente - se niega. Los inversionistas y analistas de la empresa deberían aprovechar la oportunidad en la reunión de hoy (23 de junio) para preguntar por qué se aferra a su reputación corporación abusiva", comentó Jen Moore de Alerta Minera Canadá. 

Así como en El Salvador, también en Filipinas la empresa minera Oceana Gold recibió orden de suspender operaciones, en la mina de oro el Didipio, aunque la empresa no ha cesado operaciones. En nuestro país, la lucha antiminería dio inicio hace doce años, durante la exploración minera en San Isidro, Cabañas, y luego de que inclusive se involucrara la muerte de activistas antiminería, se logró no solo ganar el laudo arbitral para sacar el proyecto de “El Dorado” si no obtener una ley en contra de cualquier proyecto de explotación y exploración de minería metálica. En febrero, 280 organizaciones de El Salvador, Filipinas y todo el mundo escribieron al CEO Wilkes, pidiendo a la empresa que pague y salga de El Salvador.

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