Exigen justicia para Wendy Morales

13 Sep 2016 Redacción Vanguardia

Wendy Morales, joven activista por los Derechos Humanos,  fue acusada y detenida por la Fiscalía General de la República de recibir dinero de extorsión; no obstante organizaciones sociales señalan que dicho delito no se ha podido comprobar y además no se le está dando el debido proceso en su caso.

Redacción Vanguardia

Fotografía: Justicia Para Wendy

Organizaciones defensoras de Derechos Humanos se organizaron este lunes para exigir el debido proceso en el caso de Wendy Morales, joven trabajadora social y parte la Red de Defensoras de los Derechos Humanos, que ha sido acusada del delito de extorsión. Dichas organizaciones son Azo, la Fundación Salvadoreña para la Aplicación del Derecho (FESPAD) la Red de Defensoras por los Derechos Humanos, el Museo de la Palabra y la Imagen, los colectivos Espiral, Amorales, Apokam, Cultura para Todos, Ayarit. Colectiva Feminista, Asociación Azul Originario y mucha otras.

De acuerdo a lo planteado por las organizaciones, el caso de Wendy Morales data de 2014; cuando de un teléfono celular de un tercero se realizó una extorsión que supuestamente fue cobrada en una agencia del servicio Tigo Money en Soyapango por la imputada. La investigación que realizó la Fiscalía General de la República no profundiza para conocer quién exigió dicha extorsión, sino únicamente se centra en el número al que fue realizado el depósito.

Durante una conferencia de prensa, las organizaciones y la Red de Defensoras por los Derechos Humanos señaló que la investigación de la Fiscalía no ha podido sustentar que el número al que se realizó el depósito pertenecía en ese momento a Wendy; ni mucho menos que haya retirado el deposito. A pesar de ello, la joven fue detenida y se encuentra en bartolinas de la delegación policial de Ocicala, ya que la denuncia se realizó en Jocaitique, Morazán por la supuesta víctima, quien tiene régimen de protección de testigos.

“Hemos visto deficiencias en el requerimiento fiscal presentado por fiscalía. Vemos un requerimiento fiscal poco sustentado donde no se logra individualizar que ella llamó desde el teléfono que fue hecho la extorsión. Las diligencias solo van encaminadas a criminalizar a Wendy y no a la extorsión que fue hecha desde otro número de teléfono” señalan las organizaciones que apoyan a la joven.

Wendy Morales, quien es originaria de Quezaltepeque, labora en diferentes iniciativas de protección de derechos humanos y en programas de fortalecimiento a los Pueblos Originarios. Este trabajo, para los integrantes de la Red de Defensores de Derechos Humanos, motiva a pensar que se le está criminalizando por ser defensora de derechos: “No hay documentación suficiente; la investigación es raquítica (…) denunciamos que se pretenda criminalizar a las defensoras de derechos humanos.”

De acuerdo a lo manifestado por el abogado de la defensa, Denis Muñoz, la joven pidió, desde 2014 cuando se generó la denuncia y conoció que se le vinculaba al hecho, que se investigara para comprobar que ella no había retirado el depósito, así mismo la defensa de la joven presentó documentación suficiente para que se le decretaran medidas sustitutivas a la detención mientras durase la investigación; que podría tener un plazo de cuatro meses, amparándose en artículo 270 del Código Penal. No obstante, y a pesar de lo que las organizaciones señalan como debilidades de la Fiscalía, el Juez de Paz de Osicala no ordeno dichas medidas sustitutivas y la joven continúa en detención. A raíz de este caso se han realizado numerosas manifestaciones de apoyo exigiendo una investigación profunda y justa en el caso de Morales.

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