Centroamérica, hora de tomar decisiones en torno a la minería metálica

01 Abr 2017 Redacción Vanguardia

El Salvador se ha convertido en el primer país en el mundo en aprobar una ley contra la minería metálica, sin embargo es necesario que este esfuerzo se articule en la región para lograr una defensa de los recursos naturales. Esto fue lo que se discutió en el foro "La minería metálica en Centroamérica: impactos, transparencia y fiscalidad."

Por Xochilt García

Fotografías: Archivo.

De acuerdo a los datos presentados por Ricardo Castaneda, economista del Instituto centroamericano de estudios fiscales (ICEFI), la industria minera aporta menos del 1% al PIB  de los países del triángulo norte (Guatemala, Honduras y El Salvador); específicamente en Guatemala es apenas el 0.7%, Honduras el 0.2% y nuestro país el 0.3%; y de la misma forma tampoco representa una fuente significativa de empleos, teniendo a Guatemala únicamente con un 0.4%, Honduras con 0.27% y El Salvador 0.09%, estos pequeños datos están en contrapeso con la cantidad de daño al medio ambiente que tienen estos países con la explotación minera. 

Castaneda también señaló que la minería no genera ganancias significativas estatales, ya que la carga tributaria del sector minero en El Salvador representa menos de un 3%. Por ello, a nuestro país económicamente no le afecta la aprobación de la Ley contra la minería, como no lo haría en los otros países.  Lo que sí es claro es que la minería afecta el derecho al desarrollo de las comunidades que están siendo afectadas por los proyectos de extracción, el derecho reconocido de la posesión del Estado (y por tanto, a toda la población) ha sido irrespetado, no únicamente en estos países, sino en toda América Latina. Por ello, lo más importante, actualmente es la inclusión de nuestros países y los movimientos sociales en la lucha contra la minería.

Según Oswaldo Samayoa, coordinador del área jurídica del centro de estudios de Guatemala (CEG), en ese país la noticia de la aprobación de nuestra ley contra la minería fue presentada parcialmente por medios masivos, únicamente los medios independientes profundizaron en el tema. Mencionó también que, desde 1990 la industria extractiva y los monocultivos han afectado ambientalmente a los tres países, generando en ellos un “ecocidio”.

A pesar de los daños evidentes, las licencias mineras en Guatemala y Honduras son muy altas, no así en El Salvador, donde el trabajo unificado de las organizaciones sociales, la iglesia católica y la UCA (que aporta sobre todo en investigaciones de los impactos negativos de la minería, algo que ninguna universidad en Guatemala u Honduras ha hecho) ha logrado un éxito al detener estas licencias con la aprobación de la ley.

De acuerdo a lo dicho por Samayoa, en Honduras se ha iniciado una movilización judicial contra la minería, por las pérdidas económicas y ambientales que genera, ya que no cubren las ganancias que llegan al Estado. Al igual, en Guatemala es la corte de constitucionalidad la que aboga por la cancelación de licencias mineras, ya que al otorgarlas no se respeta el derecho a la consulta de las comunidades.

También mencionó que, en Guatemala, la movilización social contra la minería ha sufrido por la detención de activistas (muchos de ellos indígenas, defendiendo su territorio) o la intervención del ejército en manifestaciones ambientalistas. El hecho de que en Guatemala y Honduras las acciones contra la minería no consigan una respuesta legal del Estado afecta también a nuestro país, , sobre todo en nuestro derecho humano al agua, ya que algunos de los ríos que  discurren por el territorio, como el Lempa nacen o cruzan estos países, y si la minería los contamina, el daño llegará a nosotros. Por ello, ahora que El Salvador ha marcado un precedente en la legislación contra la minería, nuestras tres naciones deberían de avanzar en la cooperación y promover una alianza contra la minería. Mencionó que, en Guatemala, muchas personas y organizaciones están abiertas al diálogo y la cooperación.

Andrés McKinley, especialista en agua y minería de la UCA compartió el proceso que ha llevado a El Salvador a finalmente aprobar la ley, puede ayudar a otros países a seguir su ejemplo. Para que realmente el derecho al agua y el respeto de la ley siga vigente, no hay que abandonar la lucha ni concientización contra la minería, educando constantemente a las siguientes generaciones.

También la procuradora de los Derechos Humanos, Raquel Caballero, destacó que la minería únicamente genera pobreza y contaminación a las comunidades, y no compensa económicamente al deterioro del territorio y medio ambiente. Además, el tema ha causado muertes y amenazas a activistas y periodistas, que aún no han sido investigados. Destacó que, para que nuestro derecho humano al agua y ambiente sano sean respetados en toda su extensión, la ley debería de pasar al rango de Constitucional, prohibiendo la exploración y explotación minera.

Los ponentes acordaron que, hay que avanzar, regionalmente hacia un modelo de desarrollo donde ni los derechos humanos ni el medio ambiente se vean afectados, y para ello es necesario un acuerdo social. Para finalizar, cerraron el foro con broche de agua.

 

 

 

 

 

 


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