Las mujeres rurales, sinónimo de lucha y resistencia  

25 Abr 2017 Redacción Vanguardia

Históricamente las desigualdades de género en el mundo rural son consideradas entre las más crudas de las relaciones sociales que afectan a la sociedad y en especial a las mujeres. La mujer como sujeto social y de cambio, tan solo empezó a ser reconocida en la última mitad del siglo pasado.[1]

Por Miriam García, con aportes de Andrea Santacruz

Fotografía: Blanca Iris Peña (Archivo Vanguardia El Salvador)

Ser mujer en El Salvador es ubicarse en un plano complejo respecto a la sociedad. Culturalmente, el machismo y la desigualdad de género permea todas las  naciones. Es una asignatura pendiente por la que los movimientos por la igualdad siguen trabajando. Pero en países atravesados por vulnerabilidad económica, social, de género, de justicia; significa una lucha constante. Eso es ser mujer en El Salvador, luchar. Y más aún si se trata de mujeres rurales.

De acuerdo a declaraciones brindadas por la Fundación Redes, las mujeres rurales son las que tienen mayor carga del trabajo doméstico, y del campo en muchas ocasiones, en las zonas rurales de El Salvador. Esta afirmación fue apoyada por lideresas de varias comunidades de San Lorenzo, San José Villanueva, San Bartolomé Perulapía, entre otras. La explicación recae en los roles del género. Un tema antiguo como la misma vida.

“La mujer campesina no se sienta a descansar, siempre está trabajando, aun sentada, haciendo la cuajada o algún remiendo. Trabajamos no solo con las manos, sino con la mente, estamos pensando que vamos a necesitar en el huerto” señaló a propósito Maria Alejandra García, lideresa y mujer campesina de San Sebastián, San Vicente.

Para entender, es necesario ubicarnos en el contexto de la familia rural en El Salvador. Generalmente los hombres son quienes trabajan en el campo, labrando, sembrando, cosechando; cuidando los productos. Sus jornadas inician con el amanecer. Son 2,145,277 millones de personas pertenecen al área rural; las que comparten jornadas extenuantes e ingresos dependientes de situaciones como las condiciones climáticas, el estado del suelo o el precio de los alimentos.

De este número, 1, 102, 214 son mujeres, mujeres cuyas jornadas inician desde antes que sus esposos para preparar sus alimentos; para asegurar que acudan con sus necesidades resueltas a las milpas o las siembras y que, mientras están en casa, se ocupan del siempre presente y extenuante trabajo del cuido. Hijas e hijos son atendidos, así como los oficios, la preparación de alimentos y cualquier otra actividad en que las mujeres puedan aportar a la economía del hogar, por ello “al sistema capitalista patriarcal le conviene no reconocer su aporte económico y por eso invisibiliza el trabajo no remunierado que realizan las mujeres”[2].

Ya sea mediante la elaboración de alimentos para la venta u otros, como el caso de las bordadoras a domicilio; las mujeres rurales combinan sus tiempos para asegurar la supervivencia de su familia sin tomar en cuenta sus propias necesidades. Estas necesidades incluyen por supuesto, la alimentación.

El trabajo doméstico y de cuidados que realizan las mujeres es fundamental para que niños, niñas, jóvenes y personas adultas estén en buenas condiciones físicas y emocionales para la vida cotidiana y el mercado laboral.

Este trabajo considerado “natural” en las mujeres beneficia al sistema capitalista y las empresas, manteniendo bajos salarios. Además, el Estado queda eximido de obligaciones económicas y sociales, tales como los servicios de salud.

Por tanto, queda en evidencia que el actual sistema agroalimentario mundial, que está basado en el sistema capitalista y patriarcal, impide garantizar el derecho a una alimentación adecuada y afecta en mayor medida a las mujeres rurales.

Durante los períodos de embarazo y lactancia, las mujeres requieren una atención especial a su alimentación;  así mismo las mujeres tienen una propensión a padecer enfermedades que, como la osteoporosis, puede prevenirse y sobrellevarse con una alimentación adecuada a sus necesidades. Sin embargo, cuando la alimentación es escasa en el entorno familiar, estas necesidades no pueden suplirse.

En comunidades de Nejapa, esta situación ha sido visibilizada. La asociación Pro Vida, que trabaja por el desarrollo de comunidades del norte del país ha iniciado un programa de introducción de la moringa como parte de la alimentación de las familias rurales. La moringa ayuda a niñas y niños con bajo peso; pero también estimula y permite la producción de leche materna en el caso de madres lactantes, así como una serie de beneficios a la salud en general de las familias.

Sin embargo; este no es el único problema de desigualdad que enfrentan las mujeres rurales. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una mujer es jefa de familia? ¿Qué porcentaje de estas mujeres tienen acceso a terrenos? De acuerdo a la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples, citada por un informe presentado por REDES, en cuanto a la propiedad de la tierra, las mujeres representan apenas el 14%; frente a un 86% de los hombres. Estas cifras se agravan cuando vemos que 45% de los hogares rurales tienen como jefa de familia a una mujer.

El tema del acceso a la tierra, aunado a la desigualdad en la distribución del trabajo doméstico puede estar ligado a factores socioculturales. Si aún en el ámbito urbano, se sigue cargando a la mujer exclusivamente con el trabajo doméstico y del cuido -aún si ésta labora también fuera del hogar- en el área rural la situación es similar o peor.

Evelyn P. Martínez, investigadora salvadoreña, apuntala que además, en el ámbito económico, se enfrenta una realidad aún no superada y es el tema del salario. De acuerdo a la investigadora, las mujeres rurales perciben un 23% menos de salario en labores agrícolas -cosecha, siembra, corta- con respecto los hombres.

“Esta desigualdad en el acceso y control de los recursos productivos agrícolas, la desigualdad en los salarios y la invisibilización del trabajo del cuidado se traduce para las mujeres rurales en mayores niveles de pobreza. Por tanto el actual sistema agroalimentario mundial, que tiene a su base la racionalidad capitalista y patriarcal impide garantizar el derecho a una alimentación adecuada y afecta en mayor medida a las mujeres rurales invisibilizando el trabajo del cuidado que realizan, el cual es apropiado sin reconocer su importancia, puesto que es indispensable para mantener y reproducir la vida humana”

Esta situación también puede deberse a la falta de escolaridad de mujeres en el área rural. Existen cantones en El Salvador donde la escolaridad llega hasta la educación básica; y la educación media o superior debe buscarse fuera -si es que se tiene la posibilidad- De acuerdo a un estudio presentado en coordinación con el Fondo de las Naciones Unidas para la Población y Plan Internacional, del total de niñas y adolescentes que tuvieron un embarazo en 2012 (entre las edades de 10 a 19 años) solo el 18% retomó sus estudios.

El porcentaje restante los abandonó, en el grado en que tuvieron su embarazo. Estas situaciones muchas veces incluyen un acompañamiento o matrimonio a edad temprana. Un estudio del Ministerio de Salud arroja cifras más preocupantes en este aspecto. Del total de niñas que se estableció estaban unidas, casadas o acompañadas con una pareja, se estableció que, de las niñas de 10 a 12 años, el 83% tenía una pareja con 4 años más que ellas, y el 17% una pareja con 10 o más años.

¿Qué implican estos datos? Por un lado, la baja escolaridad que logran las niñas y adolescentes no permite una tecnificación o especialización que se traduzca en mejores ingresos. Remitiéndonos al estudio del UNFPA, una mujer con ningún grado de escolaridad, puede aspirar a obtener ingresos mensuales de $134. 74 en promedio; mientras que una mujer que haya tenido al menos 12 años de escolaridad puede aspirar a un ingreso 3 veces mayor. De acuerdo a datos del Ministerio de Educación, en la zona rural, solo un 29% asiste a las escuelas desde los 4 años en adelante; sin diferenciar sexo. El porcentaje de mujeres analfabetas, a nivel de país, de acuerdo al MINED es del 13%.

En cuanto a las desigualdades observadas en las uniones tempranas y embarazos, el mapa del UNFPA señala 219 de los 262 como los más afectados. En departamentos mayoritariamente rurales, La Unión, Usulután, Cabañas, San Vicente, Cuscatlán y Sonsonate se dispararon como los que presentaron más casos de niñas embarazadas de 10 a 14 años. Niñas que en muchos casos vivirán una relación desigual, por las diferencias de edad con sus parejas; una relación donde tengan poco o nulo acceso a facilidades económicas o de independencia con respecto a su cónyuge. Y si no conviven con él, al ser jefas de familia, se enfrentarán a un país donde tienen menos acceso a oportunidades por su baja escolaridad y preparación.

Con estos datos, no es de extrañar que sean menos las mujeres con acceso a créditos agrícolas, con propiedades de tenencia de la tierra, con independencia económica y con una distribución equitativa del trabajo en sus hogares. Y por supuesto; que tengan serios problemas para alcanzar una alimentación de calidad para ellas mismas y sus familias. este componente está amenazado además por la débil y casi nula legislación en torno al agua y alimentación.

Comencemos por reconocer que en El Salvador, el derecho constitucional al agua (concebido como derecho humano por la Organización de las Naciones Unidas en 2010) y a la alimentación (declarado como derecho humano desde 1948 por la Declaración Universal de los Derechos Humanos) no están plenamente defendidos ni son parte de los derechos que contiene la carta magna.

De hecho, existe un proyecto de reforma al artículo 69 para obtener estas garantías y que no pudo ser ratificado en 2015; para no perder el avance, y gracias una movida política de grupos parlamentarios sensibilizados a la causa, se logró ampliar el período y deberá ser ratificado antes de 2018.

¿Las razones? Se pueden especular muchas; pero lo cierto es que la falta de este reconocimiento y la falta de una Ley general de agua y saneamiento, así como una Ley de soberanía alimentaria agravan la inequidad en estos accesos.

No garantizar el agua como derecho humano obliga a mujeres, niñas y adolescentes, a buscarla en pozos, en ríos y nacimientos, a veces alejadas de sus hogares. Las mujeres además administran el agua y alimento en sus hogares y son las que se enfrentan primero con las carencias en estos accesos.

El Ministerio de agricultura y ganadería implementa el Plan Agricultura Familiar; como un aporte a las familias del sector rural. De acuerdo a datos de REDES, del total de programas del PAF, solo el 35.3% de beneficiarias son mujeres. Los programas del PAF son el Programa de abastecimiento nacional, el Programa de encadenamiento, el Programa de innovación y el Programa de enlace con la industria y comercio. En ninguno son mayoría las mujeres; aunque sean casi la mitad del porcentaje de jefas de hogares rurales.

Por otro lado, se suma a esto el poco acceso que se tiene a la semilla nativa o criolla, aún con programas como la entrega de Paquetes agrícolas por parte del MAG. Hasta el 2015; se había logrado que el 7.68% de las semillas entregadas fueran criollas. El resto son semillas híbridas. Garantizar soberanía alimentaria también debe incluir la soberanía en la producción de las semillas nativas.

A pesar del panorama anterior, existen mujeres organizadas y conscientes de esta situación en el campo. Existe el caso de lideresas de San Bartolomé Perulapía, de San Vicente. Existe también en El Salvador la Alianza por la defensa de los derechos de las mujeres rurales; que trabaja con 32 organizaciones de mujeres en 10 de los 14 departamentos.

Maydé Recinos señala que solo con esta articulación se busca brindar apoyo a 50 mil mujeres rurales. “Nosotras las mujeres rurales no aparecemos en estadísticas. Al no ser vistas como productoras y estar en la población que aporta al desarrollo somos excluidas” señala.

Por su parte, Claudia Castro, integrante de la Alianza, añadió que este esfuerzo necesita además de una asignación presupuestaria dedicada a mejorar la condición de vida de las mujeres rurales: “tenemos una deuda grande pues tenemos políticas públicas sin presupuesto. Necesitamos destinar recursos para acciones concretas en las comunidades para poder beneficiar a las mujeres rurales. Hay una gran brecha a romper en temas educación y salud”

En El Salvador, en 2007, año en que se realizó el último censo poblacional, se obtuvo un porcentaje de 5 millones, 744 mil habitantes. De este total; una quinta parte son estas mujeres rurales; mujeres que viven o no con sus cónyuges; pero que no esperan que ese sea su único indicador de existencia. Son más que amas de casa. De acuerdo a la FAO, el 90% de las mujeres son quienes se encargan de la alimentación en los países en Vías de Desarrollo.

Las mujeres realizan actividades de subsistencia y trabajo doméstico y del cuidado, los cuales son invisibilizados. ONU Mujeres señala: “Representan una gran proporción de la mano de obra agrícola, producen la mayoría de los alimentos que se cosechan, especialmente en la agricultura de subsistencia, y llevan a cabo la mayor parte del trabajo de cuidado no remunerado en las áreas rurales”[4]

Ahora existen y esperan prosperar estas organizaciones que denuncian, que visibilizan la problemática, que quieren poner en la mesa de decisiones a las mujeres rurales de El Salvador y sus necesidades. Existe, además, el componente sociocultural que legitima todas las desigualdades anteriores; y que es otro témpano a romper para llegar a una verdadera equidad. Lo que las mujeres esperan de la sociedad y el país es que sean más los actores y actrices activos que luchen junto a ellas para alcanzar juntas y juntos una vida digna

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[1] SENRA, Lidia; LEÓN Irene y OTRAS (2009) “Las mujeres alimentan al mundo: Soberanía Alimentaria en defensa de la vida y el planeta.”, Entrepueblos-Entrepobles-Entrepobos-Herriarte, Barcelona, España.

[2] MARTÍNEZ, Evelyn y CALIXTO, Blanca (2013) “El derecho Humano a la alimentación para las mujeres rurales y sus demandas aún incumplidas en El Salvador”, Fundación REDES, San Salvador.

[3] Ibíd

[4] Ibíd

 

 

 

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