Continua la criminalización contra defensores del agua en El Salvador

02 Dic 2017 Redacción Vanguardia

 Organizaciones ambientalistas y sociales denunciaron las intenciones de la Fiscalía General de la República y del alcalde de Tacuba Joel Ramírez Acosta de insistir en criminalizar la lucha por la gestión comunitaria del agua e incriminando penalmente sin fundamento a líderes de 7 comunidades de dicho municipio.

Por Alfredo Carías

Fotografía: Cortesía Pro Vida

Nuevamente las familias de las 7 comunidades de Tacuba y organizaciones sociales se concentraron frente al Centro Judicial de la Ciudad de Ahuachapán, en defensa del Derecho al Agua y expresaron su indignación debido al actuar malicioso de la Fiscalía General de la República que está criminalizando la lucha por la gestión comunitaria del agua.

En esta audiencia uno de los lideres acusados, tuvo que ser asistido para ingresar al juicio debido a quebranto de salud que padece, este fue obligado por la fiscalía de hacerse presente al juicio pesar de que el líder comunitario solicito compasión de excusarse, pero fue denegada, esto demuestra lo viciado del sistema judicial al cual denunciamos enérgicamente ante la comunidad nacional e internacional declaro David Elías Díaz Aguirre líder y defensor del agua.

Denunciamos a nivel nacional e internacional este sistema judicial que no sirve, es la fiscalía que tratando de criminalizarnos solo por el simple hecho de defender el derecho humano al agua, yo he sufrido un derrame cerebral a consecuencia de esta lucha, pero eso no me impide continuar luchando en esta causa, ya estuvimos detenidos en las bartolinas por defender el derecho humano al agua pero eso no nos detiene, por lo tanto, hago un llamado a los habitantes de Tacuba para defender el sistema de agua” exhorto Aguirre.

 “Reiteramos la acusación Fiscal no tiene sustento legal y ni está fundada en pruebas: se les acusa del “Hurto de Fluidos”, y los Fiscales han pretendido ignorar que la Sala de lo Constitucional dictó una medida cautelar que permitió la administración comunitaria del sistema provisión de agua por 4 años, y precisamente durante ese periodo se cometió el supuesto hurto de agua, consideramos que el derecho que se está violentando el derecho a la libre organización y de gozar bienes colectivos”, señalo manifestó Karen Ramírez de la Asociación Salvadoreña de Humanitaria PRO VIDA.

Es sospechoso el actuar de la fiscalía al proceder con prontitud contra los defensores de derechos humanos de las 7 comunidades de Tacuba y con un trato preferencial a favor del alcalde Joel Ramírez Acosta, pues hay denuncias en su contra sin que la fiscalía actúe, por lo que denunciaron que no existe un trato igualitario en la aplicación de la justicia.  

Las familias y Centros Escolares de las 7 comunidades enfrentan problemas de abastecimiento de agua debido que el alcalde en cuestión esta empecinado en adueñarse del sistema de agua potable denominado: “Bendición de Dios”. En una visita a las 7 comunidades, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), determinó que se están dando violaciones de derechos humanos y a medida que el caso no se resuelve la situación se va agudizando, destacaron las organizaciones sociales.

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