Abordar un bus: un recorrido de riesgos y temores

26 Ene 2017 Redacción Vanguardia

Criminalidad en el transporte público de pasajeros es un problema manifiesto que aqueja a El Salvador y que en la actualidad menoscaba a sus ciudadanos, ya que tanto usuarios, transportistas e inclusive empresarios del rubro sufren ante el alza de actos delictivos.

Redacción Vanguardia

Fotografía: Referencia

El termómetro de violencia e impunidad va en ascenso en los últimos años. El transporte público, en reiteradas ocasiones, sirve como escenario de homicidios de motoristas, cobradores y usuarios, lo cual genera un sentimiento de inseguridad generalizado al abordar buses y microbuses. Y esto, créase o no, menoscaba la salud mental de las personas víctimas y espectadoras de hechos violentos.

El homicidio de una persona, máxime si se trata de un familiar, genera un trauma psicológico en el grupo familiar de la víctima. Sin embargo, en El Salvador el Derecho Penal únicamente contempla la persecución del delito y no la atención para reparar las lesiones y secuelas emocionales que produce un hecho violento.

Los medios de transporte son claves en la dinámica de una economía, ya que permiten el traslado de personas que laboran en instituciones públicas y privadas, asimismo, permiten la movilización de mercancías a nivel nacional. Sin embargo, subir a una unidad del transporte es una experiencia una experiencia estresante, por la exposición a robos, hurtos y hasta perder la vida. Lo cierto es que, la población aborda los buses consciente que pueden terminar en una carroza fúnebre. El efecto que la criminalidad causa en muchos individuos es crítico. Como consecuencia, se padecen problemas psicológicos.

Aún sin estar en tiempos de guerra, los usuarios siguen denegados a poder viajar sin preocupación dentro de los buses que se aventuran en carreteras dominadas por el crimen. Ya no son guerrilleros ni elementos de la Fuerza Armada quienes sacan y desaparecen a los jóvenes de las abarrotadas unidades de transporte.

Tampoco es seguro subir a una ruta de buses si estas no transportan criminales. Las unidades se encuentran en malas condiciones para su funcionamiento, no hay un lineamiento para que se respete la política de brindar un buen servicio, porque seguramente no existe. Como otro añadido, las autoridades competentes no ejercen una función que sea controlar el servicio de buses.

El hecho que una sociedad se vea amenazada por este tipo de problemática es un factor clave que debería mover a alguien –el Estado y sus instituciones y las empresas privadas– a que se ejerza un combate a este fenómeno de forma integral. Pero las acciones también deben orientarse a proteger la salud mental de quienes sufren secuelas o experiencias traumáticas tras ser víctima de la criminalidad.

Dentro del apartado de apoyo a víctimas ondea una bandera estatal manchada de impunidad. Y es que en El Salvador no hay una institución que vele por la rehabilitación psicológica de personas a quienes la delincuencia ha causado un impacto que trasciende lo emocional y roza incluso con mayores desórdenes clínicos, como depresiones o traumas severos que a muchos, como a Sandra de Maldonado, los hacen caminar entre el limbo de la realidad y la ficción.

Ni la Policía Nacional Civil (PNC), ni la Fiscalía General de la República (FGR), ni ninguna de las procuradurías (de Derechos Humanos o General de la República) han logrado impulsar programas que atiendan a quienes no pueden superar las secuelas de la violencia o asaltos, extorsiones o cualquier otro tipo de acción ilegal e intimidatoria. Tampoco el Instituto de Medicina Legal (IML) ha logrado avances en este sentido.

Desde un enfoque psicológico, la victimización primaria es el hecho delictivo, mientras que la victimización secundaria es  la relación posterior establecida entre la víctima y el sistema jurídico. En ese sentido, la actuación de la policía o del sistema judicial, lejos de reparar el daño causado en las víctimas, lo que hacen es empeorarlo. Por ejemplo, en lo que se refiera a la PNC, los agentes suelen estar interesados por los procesos burocráticos (toma de fotografías, declaraciones inmediatas) y por el esclarecimiento de los hechos, sin atender al drama que vive la víctima o familiares de la misma, al menos en muchos casos, del estado de las investigaciones.

A su vez, médicos forenses, preocupados por la búsqueda de las pruebas, no siempre han tenido la sensibilidad adecuada ante el estado psicológico de la víctima. En otras cosas, la propia prueba pericial, en donde se pone a prueba la salud mental o se cuestiona la credibilidad de su testimonio, puede ser una fuente de victimización secundaria.

En cuanto a los jueces, estos se limitan a aplicar los cuerpos jurídicos vigentes, que no está pensado para proteger a las víctimas, sino para perseguir a los culpables. Cuando los jueces aplican el Código Penal, se mueven en el principio constitucional de la presunción de la inocencia. Por ello, se pone en duda la declaración de la víctima. Con este panorama, el sistema judicial es dañino y resulta lesivo para las víctimas.

Otra fuente de victimización secundaria, y no menos importante, son los medios de comunicación, que a través del tratamiento que hacen sobre los hechos de violencia, empeoran el estado emocional de los familiares de las víctimas. Por ejemplo, cuando se dan homicidios al interior de los buses, los medios de comunicación filtran fotografías “crudas”, sin medir las consecuencias psicológicas que generan en el entorno familiar del fallecido. 

Teniendo claridad sobre el cuadro clínico que puede generar un hecho de violencia, se puede entender y dimensionar de mejor manera el flagelo de la delincuencia que azota el transporte público.

La última cena a la que Abner no llegó

“Toda una semana no dormí, hasta la fecha no lo he podido superar y aún lo sigo esperando”. Con estas palabras melancólicas, Sandra de Maldonado, una mujer marcada de por vida, cuya piel blanca no refleja sus 39 años de edad, se resiste a creer que su esposo murió hace casi doce meses,  tras ser víctima de la delincuencia que azota, entre otros sectores, al transporte público en El Salvador.

Cuando el reloj marcaba las 6:30 de la tarde, sentada en una silla plástica –dentro de una casa a medio construir, abarrotada de ladrillos y bloques polvorientos– Sandra se arma de valentía para relatar la experiencia más cruel en su vida. Y es que Abner, su esposo por más de 20 años, fue asesinado en un microbús de la Ruta 4-T, que recorre el municipio de Ciudad Delgado con destino a San Salvador.

“Yo hablé con él como a las 6:30 de la noche, le pregunté dónde estaba y me dijo que por el Hospital Rosales, que ya regresaba porque era el último viaje. Habló con el niño, y el niño le dijo: ‘¿Papi, ya vas a venir?’ Y él le dijo: ´Sí, hijo, es el último viaje, espérenme a cenar”, recuerda la viuda con una mirada apagada, que refleja impotencia y nostalgia.

Y en efecto, ese fue el último viaje de Abner. Transcurrió hora y media desde la llamada que presagiaba una cena familiar, cuando sujetos armados y desconocidos ametrallaron al esposo de Sandra, quien tenía más de quince años trabajando como motorista.

“Yo oí que mi hermana me dijo: ´Mirá, se llevaron el microbús unos hombres con Abner adentro´. Ella gritaba. Yo me quedé impactada. ‘Mentiras’, decía yo, pero cuando salí a la calle y toda la gente me decía: ´Sandrita, lo sentimos mucho, mataron a su esposo´ –´Tiene que ser mentira, yo acabo de hablar con él–”. Este relato de Sandra se hace cada vez más frecuente en las calles salvadoreñas y noches trágicas cambian a muchas familias.

Sandra evita rememorar una noche en la que, hasta la fecha, permanece como el recuerdo más amargo en su mente. Abner dejó un vacío en sus dos hijos, uno de 12 años y otro de 18. El mayor se encontraba cumpliendo años el día en el que velaron a su progenitor.

El menor de los hijos Maldonado le expresa a su madre que haga cuenta y caso que su padre se ha ido a los Estados Unidos y que volverá, en un inocente esfuerzo para que su madre no sienta tanto su pérdida. Abner era un motorista querido por los usuarios que transbordaban su ruta. Sandra expresa que en el velorio la cantidad de gente era grande, sus cercanos se lamentaban lo sucedido y no se podían imaginar que a un hombre tan bueno y humilde le ocurriera algo tan cruel.

Vivir en un sueño gracias a un dolor anestesiado

“Las psicólogas no me creen que soy viuda porque yo hablo sin llorar, pero cuatro pastillas antidepresivas es un veneno”, afirma la señora Sandra de Maldonado. Al momento de la entrevista acumula nueve meses ingiriendo esos medicamentos, para evitar caer en la depresión y soledad, Ella busca continuar con su vida, lo que ha sido una tarea difícil.

Para la psicóloga Yensi Guardado, de la Asociación Pro Vida, la muerte violenta de un ser amado provoca un cuadro post-traumáticos que se puede dividir en tres fases. En primer lugar, suele surgir una reacción de incredulidad y una pobreza de reacción; en segundo lugar, luego del estado de shock, aparece un estado de impotencia, dolor, indignación, miedo; por último, hay una tendencia a reexperimentar el suceso bien espontáneamente o bien en función de algún estímulo concreto asociado. 

Para Guardado, la vulnerabilidad psicológica; es decir, la precariedad del equilibrio emocional de las personas juega un papel fundamental al momento de afrontar un hecho de violencia y ayuda a minimizar el daño.

 “La fragilidad emocional se acentúa cuando hay un historial como víctima de otros delitos violentos o de abuso. Si una persona ha estado expuesta a otros hechos de violencia o ha perdido a un ser querido de forma violenta, los daños serán mayores”, sostiene Guardado. 

Aunque el consumo de drogas sea una estrategia de afrontamiento negativo, la mayoría de personas afectadas por un hecho delictivo se refugian en medicamentos calmantes, analgésicos, para contrarrestar la depresión, o signos de decaimiento como la tensión.

Para la señora de Maldonado ha sido una etapa traumática, y para minimizar la herida psicológica consumo pastillas antidepresivas. Hubo dos meses en los que no ingirió dichos medicamentos y cayó en cama. Solo logró recuperarse cuando volvió con el tratamiento.

Desde una perspectiva psicosocial, las estrategias de afrontamiento positivo para tratar y revertir el daño psicológico que genera un hecho criminal, consiste, primero, en la aceptación del hecho y la resignación; segundo, la búsqueda de apoyo social; finalmente, la reorganización del sistema familiar.

De manera que, en el caso de Sandra de Maldonado, ella necesita de esos cuatro antidepresivos para no tomar acciones que, inconscientemente, pudieran ocasionarle daños a su integridad o poner su vida en riesgo. Y debe tomar cuatro medicamentos porque así se lo dijeron los doctores.  Al igual que Maldonado, miles de personas en El Salvador, se ven obligadas a visitar clínicas particulares para recibir atención psicológica y así superar las secuelas psicológicas que generan los homicidios en el transporte público. Y es que, hasta la fecha, no existen instituciones públicas que avalúen, atiendan y reviertan los daños psicológicos producto de experiencias violentas.

Básicamente, al perder un ser amado se desborda la capacidad de afrontamiento y de adaptación a la nueva situación. En la mayoría de casos, las muertes violentas generan una alteración integral en la psicología de las personas, que radica principalmente en depresión, alteraciones en el ritmo y contenido del sueño, hostilidad, agresividad y abuso de drogas, entre otros.

Algunas secuelas emocionales, como el caso de Maldonado, generan un trauma que no desaparece con el paso del tiempo ni con un tratamiento adecuado. Se trata, por tanto, de una alteración irreversible en el funcionamiento psicológico habitual, en otras palabras, menoscaba la salud mental hasta el resto de su existencia.

¿Cuántas personas o familias enteras viven con los mismos traumas que Maldonado? ¿Cuánto dinero invierten en su salud mental? Si el país contara con instituciones dirigidas a brindar atención a todas las víctimas, seguramente tendríamos respuesta a esas dos interrogantes, mientras tanto será una incógnita, pues la mayoría de personas visita clínicas privadas.

“… Ahí, dependiendo del tiempo que cada persona necesite de tratamiento, póngale un promedio de 20 dólares por cada sesión; ahí ya depende de cuantas sesiones vaya a recibir, dependiendo el daño que haya sido sometida en la situación que vivió”, explica la psicóloga, Bessy de Barahona.

Aquí contrasta el hecho que, la gente con cuadros de salud inestables, lejos de acoger el apoyo estatal, han de invertir cantidades sensibles de dinero para encontrar la ayuda que ya deberían recibir. Ese es el caso de la señora de Maldonado.

Cuando no se quiere, no se puede

Para el abogado, Raynoldo González, las personas al frente de las instituciones son incapaces e ineficientes en las labores de investigación. Hasta cierto punto también se ha generado un grado de conformismo en las instituciones y la población salvadoreña, por tal razón, no se persigue el delito como mandata la ley.

González considera que el problema de la delincuencia en el transporte público se debe a la falta de aplicación de las leyes vigentes para tal caso. Para él, las autoridades deben ser más responsables y aplicar con rigor los cuerpos jurídicos vigentes.

“las víctimas que sufren crímenes en autobuses no los denuncian. Los delitos que se cometen en las unidades del transporte público que tienen que ver con robos y con hurtos es que la gente no denuncia; la mayor parte de delincuentes en las unidades de transporte público no son capturados y si son capturados es porque los detuvieron en flagrancia.”, manifiesta González.

En ese aspecto, el exdirector de la PNC y actual diputado de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Rodrigo Ávila, sostiene que no existe un cultura de denuncia en la población por lo misma desconfianza que existe en los elementos policiales.

Además, el diputado Ávila es enfático al considerar que el problema de la inseguridad en el transporte no tiene nada que ver con falta de legislación, “esto tiene que ver con la operatividad  de la policía, con los planes operativos y la prevención en los buses”.

Y es que en el Código Penal se tipifican los delitos como robos, hurtos y homicidios. También se incluyen sanciones para cada uno de esos delitos. Las autoridades jurídicas, como la FGR, no ejercen a pleno su función, pues siempre hay vacíos. Tampoco puede olvidarse la desconfianza que hay en sectores de la población hacia los responsables de salvaguardarlos de los criminales.

En la práctica, un ejemplo claro de lo que puede suceder al denunciar es lo que pasó con Sandra de Maldonado, la viuda de Abner. Después de la muerte de su marido, ni la PNC, ni la FGR, ni el Estado a través de otras instituciones, ni el empresario de la Ruta 4-T (donde laboraba el motorista) han proporcionado ayuda a la enlutada mujer de 39 años.

La PNC, de hecho, no le ha dado a ella una razón del por qué se dio el crimen, ya que el caso –como cientos en el país– simplemente se ha archivado. De Maldonado prefiere no remover el pasado, atravesando el proceso burocrático de una denuncia.

Sandra asegura, con sensación de inseguridad: “Yo no me puedo subir a los microbuses, porque me vivo topando con los microbuses que él (Abner) manejaba. Me subo, pero cuando me bajo me tiemblan los pies, es como un temor”. Ella piensa en sus hijos, el qué será de ellos el día de mañana si ella falta.

La seguridad que vive el país es incierta, como jugar a una ruleta rusa, es por ello que así como la señora de Maldonado, muchos que son víctimas de la delincuencia prefieren llorar a solas y guardar su dolor, medicándose para continuar con su cotidianidad.

Otro caso en el que la víctima decidió no denunciar fue el de Camila Castaneda, mujer de 21 años, que relata haber sido testigo de un asalto frustrado, cuando un pandillero intentó robar a un usuario en la ruta 7-D, que recorre de Soyapango a San Salvador. El usuario se defendió, lo que ocasionó que Camila se viese envuelta en la riña.

“Empezaron a golpearse y a darse duro y el gran murmullo de la gente y la locura, se sube el otro y se empiezan a golpear también con ellos, caen en la máquina del bus y yo iba en el primer asiento. Empiezan a darse duro y uno de ellos, que estaba peleando con los mareros, se desbalancea, y caen sobre mí, no hallaba que hacer y de repente empecé a gritar que me ayudaran”, cuenta la joven.

Camila por suerte logró que otros dos civiles que se encontraban en la unidad de transporte controlaran la situación, ayudándole a ella y golpeando a los delincuentes, éstos huyeron y no se obtuvo captura. Es notable que por la zona no se encontraban agentes policiales para brindar seguridad, por lo que los mismos usuarios recurrieron a ser ellos quienes se defendieran.

Los números van in crescendo

Las acciones que la PNC está implementando, en el marco de los ejes del Plan El Salvador Seguro, un proyecto del ejecutivo para combatir la delincuencia, no ha sido de ayuda para los usuarios y transportistas, según denuncian. Este plan comenzó en Ciudad Delgado (donde vive Sandra de Maldonado) el 16 de julio de 2015, como visión  del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia (CNSCC), en coordinación con la alcaldía.

Se puede considerar un fracaso para dicho municipio, pues 11 días después de iniciado el proyecto, el lugar presento índices de criminalidad, incluyendo el asesinato del motorista Abner Maldonado; luego que el mismo representante Arnoldo Jiménez (del CNSCC) exclamará “Es un esfuerzo que marcará un cambio en Ciudad Delgado. Este municipio será el referente de convivencia en paz y seguridad”.

La interrogante que en Ciudad Delgado se hacen es dónde queda el avance positivo que El Plan El Salvador Seguro tenía como misión alcanzar. Tenían contemplado medidas específicas que incluyen el fortalecimiento de la acción policial en coordinación con la FGR y la ampliación del sistema de videovigilancia  municipal; sin embargo, dichos esfuerzos a la fecha no han tenido un resultado alentador si las mismas autoridades confirman que delitos como robos siguen al alza.

El Gobierno es una autoridad responsable de la seguridad ciudadana, por ley, pues el artículo número 2 de la Constitución de la República establece que “Toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos”. Los derechos de Maldonado fueron violentados y no hay una justicia en su caso, como en el de miles de sus connacionales. A Sandra ha dejado la justicia en las manos de Dios, porque no ve claridad en las autoridades competentes.

Las estadísticas aumentan cada año, pues la PNC, entre el 1 y el 17 de enero de este año registró 410 homicidios, lo que equivale también a 24 muertes por día. De ese total, 127 homicidios se cometieron en el área metropolitana del gran San Salvador, lo que convierte a la capital en la región más violenta del país.

Ante esta falta de resultados, otras organizaciones y tanques de pensamiento proponen posibles acciones para frenar el flagelo de la criminalidad. Por ejemplo, para el año 2015, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) introdujo el proyecto “Soluciones” en conjunto con el programaPrevención del Crimen en el Transporte Público en El Salvador”, estableciendo estrategias de seguridad.

Entre las medidas que figuraban, estaban la observación sistemática del transporte público en San Salvador y áreas metropolitanas adyacentes, la circulación de las rutas y sus puntos de paradas, grupos focales con actores clave, entre usuarios, motoristas, propietarios de las empresas de transporte, la policía, tanto de Seguridad Pública y de Tránsito. Todo esto, sin mayores resultados.

La población nacional no puede esperar más. A diario se escucha de asesinatos en diferentes partes del país y, así como don Abner, hay muchos que fallecieron. Esto deja a las familias en zozobra y con la incógnita de si se hará justicia o no; ni hablar del factor de secuelas psicológicas y emocionales. La cosecha que deja la criminalidad es difícil de recoger.

Los otros perdedores

No solo buseros o pasajeros son asesinados, asaltados, amenazados o heridos. También los bolsillos se ven en condiciones poco favorables para quienes son los dueños de algunas empresas del transporte colectivo.

“Al empresario obviamente nos afecta, de múltiples maneras, la gente ya no quiere viajar en los autobuses, tienen miedo, habido un aumento desmedido de motocicletas, 200 mil. Han emigrado de casi 300 mil usuarios que antes andaban en el transporte colectivo y ahora ya no”, se queja un molesto Genaro Ramírez, de la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños (AEAS).

Otro dirigente del sector empresarial es Catalino Miranda, de la empresa FECOATRANS, quien menciona que “nosotros tenemos que trabajar con eso (amenazas de grupos delictivos) porque tenemos un compromiso, desde las 3:30am hasta las 10:00pm de mantener los circuitos en cada municipio, cada recorrido y cada ruta.”

Aún con ese aspecto de mantener a flote el negocio, Miranda dice que “nos toca trabajar con el padrón viejo de conductores a veces unos malcriados otros mal educados, saben su trabajo, sí, pero no tienen el profesionalismo que quisiéramos que tuvieran”. La inexperiencia o simplemente el pasado de los conductores puede ser otro factor de temor, pues muchos ocasionan accidentes debido al consumo de sustancias estupefacientes o alcohol, lo que también arriesga al pasajero.

La inseguridad se respira ante la negligencia de control estatal

“En el país de las maravillas”; es decir, El Salvador, existe una debilidad institucional que impide manejar de forma integral el cometimiento de hechos violentos. El Derecho Penal únicamente le da prioridad a los victimarios, mas no a las víctimas. 

La situación no sería tan grave, si por lo menos, las personas que protagonizan las escenas de sangre en el transporte público fueran capturadas y enjuiciadas por el daño psicológico que les ocasionan a muchas familias salvadoreñas. Por el contrario, lo que predomina en nuestro sistema judicial es la impunidad. Pareciera ser que, hacer justicia es un delito agravado. Por tal razón, la mayoría de víctimas dejan la justicia en las manos de Dios.

El común denominador en los Gobiernos, posterior a los Acuerdos de Paz, ha consistido en dotar con equipos técnicos a instituciones como la PNC  y FGR para perseguir con mayor eficacia a los responsables de acciones delictivas. Sin embargo, es poco el esfuerzo que se ha hecho en materia de atención psicológica a víctimas de hechos violentos.

Cuando se comete un homicidio al interior de una unidad de transporte, los agentes policiales, con el afán de recabar la mayor cantidad de pruebas, provocan que las lesiones y secuelas emocionales sean más graves en los familiares del muerto. Asimismo, recaban información a través de entrevistas, generando un trauma en las personas que son testigos de escenas sangrientas.

Otro problema que se observa es que, tanto la PNC, FGR y Medicina Legal, no cuentan con un manual de procedimiento que incluya dentro del proceso pericial el tratamiento adecuado de las víctimas. En la actualidad, cada una de estas instituciones realiza su trabajo de forma individual, provocando en las víctimas un agravio en sus traumas psicológicos desde tres trincheras.

Sumado al mal trabajo que hacen las instituciones judiciales, están los Medios de Comunicación, que desde un enfoque meramente de mercado, publican imágenes crudas de los hechos de violencia con la finalidad de ganar más lectores.

No obstante, la descripción cruda de los hechos sangrientos empeora el cuadro clínico de las víctimas. De por sí, la pérdida de un ser querido de forma violenta genera un trauma psicológico irreparable. Cuando los medios de comunicación filtran fotografías o material audiovisual de las personas asesinadas, empeora la situación psicológica de los familiares de la víctima.

Para evitar la revictimización secundaria a partir de la relación que se establecen las víctimas con las instituciones judiciales y medios de comunicación, debe considerarse la reforma del Código Penal y Código Procesal Penal con la finalidad de incluir dentro del acervo jurídico el correcto abordaje de los hechos violentos por parte de las instituciones correspondientes.

Asimismo, debe considerarse la creación de un observatorio de medios de comunicación para monitorear y sancionar las publicaciones informativas que atenten contra el estado psicológico de las víctimas.

Cuando murió el esposo de Maldonado, un fotoperiodista publicó una imagen de la escena del crimen. Esa fotografía, desde un enfoque psicológico, agravó el estado clínico de ella, dificultando la recuperación del trauma.

En síntesis, el personal al frente de las instituciones judiciales debe capacitarse para que actúen adecuadamente al momento de realizar el registro de pruebas en los hechos sangrientos. Están obligados a evaluar el daño psíquico sufrido en las víctimas para planificar el tratamiento correcto que les permita superar adaptarse a la nueva situación. En el caso de Maldonado, se vio obligada, bruscamente, a readaptarse a una nueva vida tras el asesinato de su esposo Abner.

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