Exigen reconocimiento del derecho humano al agua como un bien público y derecho humano

13 Sep 2017 Redacción Vanguardia

El colectivo socioambiental “Cuidemos la Casa de Todas y Todos” se pronunciaron para una pronta aprobación de la Ley General de Agua, con base a la propuesta de institucionalidad con enfoque estatal y de participación ciudadana, presentada el pasado 5 de septiembre para garantizar el acceso equitativo para todos y todas de este bien natural.

Por Karla Rodas

Fotografía: Karla Rodas (Interior) Blanca Iris Peña (Principal)

La propuesta fue presentada por la Iglesia Católica con respaldo de La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDDH) y La Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”  (UCA) en la que asume respetar los 92 artículos acordados por las fuerzas políticas, garantizando al Estado como ente rector de este recurso.

El Vicerrector de Proyección Social de la UCA Omar Serrano manifestó: “El problema surge en el ente rector, en la conformación de este y estamos exigiendo que este sea mayoritariamente del Estado y no en las riendas del mercado. El acceso al agua debe garantizarse a toda la población ya que el agua es un bien público y un derecho humano  y creemos que esta propuesta es un insumo importante  que puede ayudar a desentrampar la discusión”.

Ante la escasez de agua que varios sectores del país enfrentan a diario, es urgente que La Asamblea Legislativa reconozca el agua como un bien público sin fines de lucro, puesto que al entregar el ente rector a la empresa privada la situación para miles de familias se enfrentaría a una mayor crisis.

Por su parte, el Padre Lucio Reyes, del arzobispado de San Salvador, dijo: “Como iglesia nos sumamos a este pronunciamiento que tiene nuestro país, en la lucha de que el agua sea reconocida como un derecho humano para todos, y que la Ley General de Agua sea aprobada lo más pronto posible.”

Las organizaciones esperan que, en el marco preelectoral, la población salvadoreña exija a los actuales diputados y diputadas, que buscan la reelección, a tomar acciones concretas que aseguren que la gestión del agua será competencia de un ente estatal y no de un privado.


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