Deuda: reconocimiento del derecho humano al agua en El Salvador

01 Nov 2016 Redacción Vanguardia

El agua es un recursos de bien común que actualmente se esta convirtiendo en un recurso de interés particulares e individual. El Salvador es un ejemplo de muchos países que viven una situación vulnerable debido a los grandes poderes políticos-empresariales, donde la visión va una privatización de un bien natural, Un cataclismo provocado por los representantes de la población.

 Por: Edwin Alfredo Trejo Ávalos. 

Fotografía:Luis Tobar.

Hace 4 años, el 22 de marzo de 2012, las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) presentaron el urgente y demandado anteproyecto de Ley General de Aguas, que podría constituirse en un cuerpo legal que contribuya a revertir la crítica situación que enfrenta El Salvador, en cuanto a la gestión del agua. Cabe señalar que fue uno de los nueve instrumentos que el actual gobierno tenía planificado elaborar, en el marco del denominado proceso de “Fortalecimiento de la Gestión de los Recursos Hídricos en El Salvador”, que coordinó la Secretaría Técnica de la Presidencia.

Existe el consenso, entre los sectores democráticos y progresistas de la sociedad, que es necesario realizar un cambio profundo en la gestión del agua, que implique pasar de un enfoque extractivista a un enfoque de sustentabilidad, para asegurar a las nuevas generaciones un país viable ambiental, económica y socialmente. Se tiene claridad que la aprobación de la Ley General de Aguas, no es la solución “per se” a las problemáticas existentes, sin embargo un cuerpo legal coherente y eficaz es una condición indispensable para caminar en la ruta de la gestión integral y sustentable del agua.

El anteproyecto de ley en mención, se puede destacar desde la perspectiva de la técnica jurídica, que cumple con tales requerimientos, ya que hay claridad en cuanto a los principios que la sustentan, las atribuciones de las entidades administrativas, su régimen sancionatorio y la participación de las organizaciones territoriales por medio de los comités de cuenca. En relación a contenidos temáticos desarrollados en la propuesta de ley, destacan el enfoque de equidad de género, de bien común y de cuenca que permea en el articulado. Asimismo se regula de forma clara las autorizaciones (asignaciones y permisos) para el uso y aprovechamiento de las aguas y se abandonó el tema de las concesiones.

Con respecto a los puntos que generaron discusión de este anteproyecto de ley, se pueden señalar: que la autoridad responsable de su aplicación será el MARN, y no una entidad autónoma como se propuso. Organizaciones que trabajan por la vigencia del derecho humano al agua, consideran que se debe profundizar y ampliar lo referente a la participación ciudadana -decisiones vinculantes-, y sobre el derecho comunitario del agua. Contenidos que tienen desarrollo en la propuesta ciudadana de Ley General de Aguas, presentada por el Foro del Agua en el año 2006 y que ha sido actualizada, los cuales deberán ser valorados y ponderados por los legisladores.

A pesar que en la sesión plenaria del 19 de abril de 2012, la Asamblea Legislativa de forma unánime aprobó la enmienda constitucional del artículo 69 de la Constitución, que en lo referido al agua reza así “El agua es un recurso esencial para la vida, en consecuencia, es obligación del Estado aprovechar y preservar los recursos hídricos y procurar su acceso a los habitantes. El Estado creará las políticas públicas y la ley regulará esta materia”. Empero el partido de derecha Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), no ha acompañado los intentos de ratificación.

Recordemos, que el reconocimiento del derecho humano en la constitución, es una lucha que inicia en diciembre del año 2008, cuando las organizaciones integrantes de la “Campaña el agua es nuestra”, presentaron ante la Asamblea Legislativa, una propuesta de reforma, en la cual se establecía el reconocimiento del agua como un bien común y el acceso a ella como un derecho fundamental; y también se planteó que la provisión de los servicios agua potable y saneamiento, sólo podrán ser prestados por entidades estatales y personas jurídicas que no tengan finalidades de lucro. Esta enmienda constitucional fue acompañada con la presentación de más de 92,000 cartas ciudadanas de adhesión.

Hay que acotar, que la reforma constitucional aprobada por la Asamblea Legislativa, constituye un paso importante en el reconocimiento del derecho al agua, pero que en el marco de la concepción del agua como derecho humano y bien común, es limitada. Por otra parte, la enmienda propuesta por la sociedad civil organizada, está inspirada en el carácter progresivo de los derechos fundamentales, y en sintonía con las reformas aprobadas en países como Uruguay y Ecuador.

En la actualidad tanto la discusión de la Ley General de Aguas y la ratificación de la reforma constitucional por el reconocimiento del derecho al agua, se encuentran estancadas y existe la preocupación entre organizaciones sociales, que el MARN negocie con el sector empresarial a efecto de que se apruebe una Ley General de Aguas, contraria a la concepción del agua como derecho fundamental y bien común. He aquí el papel dinamizador y propositivo que puede realizar el Foro del Agua, con el objetivo de lograr la ratificación de la reforma en comento y la aprobación de todas las leyes necesarias para sentar las bases de una gestión sustentable.

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